En el ámbito público se desarrolla un tipo de violencia en particular que infringe la esfera de los derechos políticos de las mujeres.
A este tipo de violencia se le denomina violencia política de género y consiste en expresiones diversas tales como: violencia institucional al interior de los partidos, pasando por la violencia económica, al limitar o desviar recursos para su capacitación y promoción en campaña, hasta los casos de hostigamiento, acoso sexual y violencia comunitaria.
En el 2013, el Senado aprobó una iniciativa para incluir la violencia política de género en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), pero la Cámara de Diputados no la ratificó.
En la iniciativa, que quedó pendiente, se agrega y tipifica la violencia política, la violencia obstétrica y la violencia en el noviazgo, “entre otras que no están en la ley vigente desde hace nueve años”.
Por ello, durante el seminario internacional “Violencia política contra las mujeres en América Latina”, celebrado recientemente en la UNAM, se hizo un llamado al Congreso de la Unión a tipificar las conductas que violentan a candidatas y funcionarias.
Paula Soto, directora de Participación Social y Política en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), explicó que no hay una legislación al respecto, y por tanto no se reconoce el flagelo a pesar de que en el Senado se han presentado cuatro iniciativas, una de las cuales se aprobó pero quedó “congelada” en la Cámara de Diputados.
Las mujeres, agregó, sufren violencia política desde el momento en que tienen que ser reconocidos sus derechos políticos en una ley.
Por su parte, el Fiscal Especial en Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, presente en dicho seminario, también se pronunció por una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para estipular la violencia política de género.
Así mismo informó que la FEPADE ha recibido 40 denuncias de violencia política de género, de las cuales citó tres casos ocurridos en las pasadas elecciones: El asesinato de la precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, la perredista Aidé Nava González; la golpiza a la candidata a la alcaldía de Reforma, Chiapas, la panista Yesenia Alamilla Vicente; y la agresión sexual y física a la consejera electoral Lorena Nava Cervantes en Oaxaca.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se presentó nuevamente un iniciativa de reformas a las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de Delitos Electorales, y de Partidos Políticos, así como al Código Penal Federal, a fin de prevenir y erradicación la violencia política hacia las mujeres.
La iniciativa establece la definición de violencia política y que se impondrá de 50 a 100 días de multa y de 6 meses a 3 años de prisión, a quien, por razones de género, presione, coaccione, agreda, intimide, amenace, cause daño, acose, a una o varias mujeres, con el objeto de obstruir, menoscabar, restringir, condicionar, limitar, excluir o anular el ejercicio de sus derechos de elección y participación en un cargo de elección popular.
Pero la iniciativa fue remitida a las comisiones de Igualdad de Género y Gobernación. Esperemos que nuevamente no duerma el sueño de los justos como la del Senado.
Sobre la violencia política y cómo erradicarla al interior de los partidos políticos nos habla la doctora Martha Subiñas Abat, académica investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, entrevistada por Claudia Juárez durante el Coloquio La igualdad de Género como reto de la izquierda en el siglo XXI, en el marco del Segundo Encuentro Internacional “La Izquierda Democrática”.
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